La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda envió el lunes (18/11) la tercera lista de dominios a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para que se bloquee su acceso. La primera lista se envió el 11 de octubre, con 2.040 sitios. La segunda, el 31 de octubre, contenía más de 1.400. Teniendo en cuenta algunas correcciones, el número de sitios bloqueados ha superado los 5.200 en menos de 40 días.

Como en las dos ocasiones anteriores, la orden de bloqueo se envía a las cerca de 20.000 empresas de telecomunicaciones que proporcionan señal de Internet en Brasil. Cada empresa adoptará sus propias medidas técnicas, y Anatel supervisará que el bloqueo se lleve a cabo de forma eficaz y lo más rápidamente posible.

El bloqueo de sitios web es sólo una de las acciones del gobierno federal para hacer frente a las apuestas ilegales. Otras acciones incluyen el combate a la publicidad de sitios ilegales (incluyendo la realizada por influenciadores) y el uso del sistema financiero nacional por parte de estas empresas.

Sólo las empresas que hayan solicitado autorización antes del 17 de septiembre o que hayan sido designadas por los reguladores de apuestas de los estados y del Distrito Federal podrán designar sitios para ofrecer apuestas legalmente hasta finales de este año.

Legislación

Antes de diciembre, Hacienda deberá completar el proceso de análisis definitivo de las primeras solicitudes recibidas, para comprobar qué empresas de apuestas cumplen con todas las disposiciones de la Ley nº 13.756/2018 (que legaliza las apuestas de cuota fija, en su modalidad de apuestas deportivas); la Ley nº 14.790/2023 (que regula el funcionamiento de las apuestas de cuota fija e incluye los juegos online en esta categoría); y las más de diez ordenanzas de la SPA que regulan la actividad. A partir del 1 de enero de 2025, sólo las empresas autorizadas por la SPA podrán ofrecer apuestas en todo el territorio nacional.

También se controlará a las empresas autorizadas a operar hasta diciembre, ya que se encuentran en un «periodo de prueba» a la espera de que se analice toda la documentación para el proceso de autorización definitiva. Las empresas que infrinjan cualquier ley vigente en Brasil -incluidos el Código de Defensa del Consumidor y el Estatuto del Niño y del Adolescente- corren el riesgo de que no se les conceda licencia para operar el próximo año.